¿Por qué apoyamos a Lula?

Durante el mes de julio un grupo de 95 dirigentes políticos y sociales -entre ellos la presidenta de la JS, Nicole Cardoch y el secretario de Relaciones Internacionales y vicepresidente UISY, Rodrigo Muñoz- entregaron a la opinión pública nacional e internacional la “Declaración en Defensa de la Democracia en Brasil y el Presidente Lula”. Todos los firmantes cuentan con una larga experiencia y conocimiento sobre Brasil desde distintos ámbitos del quehacer y muchos han trabajado en asuntos ligados a la definición de la Política Exterior chilena acerca de ese país.

 

Algunos antecedentes de la problemática brasileña

Brasil vive hoy una de las tres mayores crisis políticas que enfrenta el hemisferio, equivalente en gravedad, aunque con otros rasgos, a las situaciones de Venezuela y Nicaragua. Desde el año 2016 ésta no ha cesado de agravarse. La destitución, luego de una discutible acusación constitucional, contra la presidenta Dilma Roussef fue un proceso cargado de irregularidades y, sobre todo, de pasiones. Finalmente, se la privó de su cargo sin considerar las causales que el “impeachment” prevé en la Constitución brasileña, al punto que los autores de este virtual “golpe blanco” ni siquiera se atrevieron a aplicarle la sanción complementaria de inhabilidad para ejercer y postular a cargos públicos en el futuro.

Luego, se convirtió en jefe de estado al vicepresidente Michel Temer, compañero de Dilma en el voto y corresponsable de toda la gestión de ésta, irregularidad necesaria para ampliar la coalición política que la destituyó. Los efectos de esta decisión han sido los que se podía prever. La gestión de Temer carece de toda legitimidad y su índice actual de apoyo asciende solo al 3% de los ciudadanos, sin duda el más bajo en el mundo, mientras el rechazo supera largamente el 80%. Simultáneamente, como resultado inevitable en este cuadro los otros dos poderes del estado se han visto afectados por esta situación. El Parlamento que tiene más de 90 diputados y más de 20 senadores acusados o juzgados por corrupción, cuenta con un apoyo tan bajo como el del presidente. Y el poder judicial inevitablemente se ha visto envuelto en el clima de disputa política y polarización que ha acabado influyendo en varias de sus resoluciones.

El telón de fondo, y en alguna medida la causa de esta situación es una crisis estructural que ha afectado al régimen político brasileño desde la aprobación de la constitución política de 1988, al final de una dictadura militar que duró 21 años. En esta constitución se favoreció una estructura múltiple de partidos políticos y se estableció un sistema de configuración territorial de los distritos electorales que fragmentaba el poder y hacía casi imposible a las mayores fuerzas políticas disponer de un respaldo suficiente en el congreso.

Un buen ejemplo es lo ocurrido en la segunda administración de Lula, elegido por un amplio margen, en que el PT dispuso sólo de 70 asientos en una cámara de diputados formada por 507 miembros. La consecuencia de esto fue que desde el primer gobierno democrático de José Sarney todos los partidos que llegan al poder están obligados a constituir coaliciones de múltiples partidos, muchos de ellos pequeños, para formar una mayoría que les permita gobernar. Esto obliga a los Jefes de Estado a repartir las posiciones en el gabinete ministerial y la administración pública, espacios que son usados por estas fuerzas políticas dar trabajo a sus militantes, pagar favores políticos e ir ejerciendo diversas modalidades de cohecho y corrupción. Obvio es decir que los gobiernos más estables, como los de los presidentes Fernando Henrique Cardoso y el de Lula no han podido reunir los votos necesarios para modificar esta situación cuyos efectos se han agravado cada día más y han acabado por afectar a todos los partidos del espectro político brasileño.

 

El respaldo y defensa chilena

Quienes firmaron la carta de respaldo al Presidente Lula, creen firmemente que desde hace bastante tiempo es indispensable la reforma política que la democracia necesita en Brasil para enraizarse y fortalecerse. Es por eso que, expresamente, han apoyado las investigaciones judiciales sobre corrupción de cuya magnitud y gravedad han mostrado evidencias los casos de Petrobras y de las grandes empresas constructoras Odebrecht y OAS.

Lo de Lula, se trata a juicio de los y las firmantes de una situación especial y en torno a ella expresan su convicción en cuanto a la necesidad de un cambio de la postura del poder judicial brasileño.

Esta situación es particular por varias razones:

• Lula fue uno de los grandes organizadores del proceso social y electoral que puso término a la prolongada dictadura brasileña, la primera de su género – dictadura de Seguridad Nacional- en el continente. Su importante aporte se hizo por medios legítimos y pacíficos, en un contexto de fortalecimiento de la organización sindical del país.

• Lula ayudó a afianzar la democracia política brasileña compitiendo en tres ocasiones por el poder y reconociendo en forma inmediata a quienes lo aventajaron. En un cuarto intento gano el gobierno y fue reelegido por un margen mucho más amplio para un segundo mandato. Pero al término del cual no buscó ni reformas constitucionales ni enmiendas legales que le permitieran seguir ejerciendo el poder.

• El Presidente Lula fue una figura internacional fundamental en el sistema internacional durante su mandato y, en particular, favoreció la cooperación e integración entre los países latinoamericanos, no teniendo nunca un conflicto importante con ningún gobierno del área.

• El balance de su gestión muestra, además, los mayores resultados en avances sociales logrados en el continente en el reciente ciclo de gobiernos democráticos: 40 millones de personas salidas de la pobreza; los impresionantes programas “Hambre Cero” y “ Bolsa Familia”, una política destinada a preservar la biodiversidad en la cuenca del Amazonas, como un espacio decisivo a nivel planetario, y un sostenido esfuerzo para diversificar y democratizar la formulación de las políticas públicas, tanto a nivel territorial como de las organizaciones más activas de la sociedad civil.

• Lula mantiene precisamente por estos logros -y a pesar de la crisis que ha afectado a casi todos los dirigentes políticos de su país- un importante grado de apoyo en la ciudadanía brasileña al punto que, en relación a la elección presidencial de octubre próximo, en los estudios más serios de opinión, más que dobla en apoyo al segundo postulante.

La situación que lo afecta se traduce hoy en una condena de más de 11 años de presidio que él, con estoicismo democrático está cumpliendo, lo que exige en la opinión de las y los firmantes, un manejo especialmente fino y atento a su situación por no tratarse de un caso corriente sino del que probablemente sea el principal protagonista de la política institucional brasileña.

Por cierto, no están propiciando que los méritos y los reconocimientos de Lula lo pongan por encima de las obligaciones y responsabilidades que obligan a todos los ciudadanos a responder por delitos y faltas en materia de corrupción. Lo que sostienen es algo distinto: hay que ejercer las responsabilidades que puedan afectarlo de un modo especialmente transparente y nítido que evite cualquier sospecha de parcialidad o sesgo político en su juzgamiento.

Como una posición general, quienes firmaron la carta, son partidarios de la mayor amplitud y eficacia en los esfuerzos para castigar la corrupción en cualquier país. Pero parece indispensable hacerlo sin transferir la decisión del fallo condenatorio ni a los medios de comunicación adversos a ciertos líderes, ni a una acción que se empeñe con medios excesivos, en el avance de los procesos judiciales en contra de los inculpados.

En un sistema democrático siempre es necesario mantener la distinción entre un inculpado y un culpable. Esta última situación sólo se produce cuando existe la llamada “cosa juzgada”, esto es que la condena esté a firme y no exista ningún recurso pendiente en el caso. En los múltiples juicios por corrupción que se han seguido en Brasil hay dos cuestiones que se tienen que tener en cuenta:

•  Prácticamente en todas las otras situaciones en que ha habido trámites o recursos pendientes, y Lula tiene todavía dos, los enjuiciados no han sido detenidos. Y hablamos de decenas de acusados que continúan en libertad.

•  Resulta asombroso que teniendo Lula un solo cargo en que se lo afecta directamente, el caso del departamento triplex en la playa de Guarujá sus abogados establecieron en el curso del proceso que allí no había habido ni transferencia legal de dominio, ni tampoco ocupación material del inmueble. Y sin embargo, el juez Sergio Moro lo condenó a una pena de más de 9 años de cárcel que, en segunda instancia, fueron aumentados a 11.

En conclusión, quienes adhirieron al documento consideran que una elección presidencial sin Lula como candidato podría tener serias impugnaciones de legitimidad y profundizaría aún más la crisis política que Brasil tiene que superar. Por lo que el Poder Judicial del país debe garantizar el respeto a la Constitución y permitir su candidatura.